Causa Cintia Ramírez: rechazaron la declaración de Rodríguez Saá y resolverán sobre las medidas de coerción

Este jueves, el Tribunal de Impugnaciones en lo Penal trató tres recursos de apelación que habían sido impulsados en el marco de la causa que investiga a Cintia Ramírez. La ex funcionaria de Alberto Rodríguez Saá está acusada de negociaciones incompatibles con la función, malversación de caudales, incumplimiento de los deberes y fraude en perjuicio de la administración pública.

Dos de los planteos fueron presentados por su defensa, a cargo de Ramiro Rubio y Marcos Juárez, mientras que el restante lo impulsó el abogado de la fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón.

El 28 de febrero, el juez de Garantía, Marcos Flores Leyes le formuló cargos a la ex secretaria de Deportes. Y dispuso las medidas cautelares que habían sido solicitadas por el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí. Esto es, la firma del libro de imputados durante cuatro meses, la prohibición de salir de la provincia por el mismo plazo y la inhibición general de bienes hasta la finalización del debate oral.

Cintia Ramírez es la primera funcionaria de Rodríguez Saá imputada por corrupción

Con la ausencia de la ex funcionaria, inicialmente el Tribunal integrado por Jorge Sabaini Zapata, Yanina Del Viso y Laura Molino analizó un recurso que buscaba hacer lugar a la declaración del ex gobernador como un anticipo jurisdiccional.

En sus argumentos, Rubio partió del rechazo que había impuesto Flores Leyes para admitir como prueba la testimonial de Rodríguez Saá, y lo consideró importante por la edad del ex mandatario (74 años). Explicó que de cara al juicio puede transcurrir mucho tiempo y al tratarse de un adulto mayor podría afectar sus condiciones físicas y mentales.

Aclaró que no se trata de un capricho la intención de sumar su declaración, sino que “es muy rico lo que tiene para decir e incorporar a la causa” y “amerita que sea tomado como prueba de anticipo jurisdiccional”.

En este punto, Assat Alí consideró que “no sería necesaria en esta etapa la declaración” y advirtió que esa excepcionalidad para llevar adelante el anticipo debe ser “debidamente acreditada”.

En el mismo sentido, Calderón Salomón dijo que “no es el momento propicio”. Opinó que se trata de una “estrategia defensiva, pero no ha sido fundada” y que “busca un trato especial sobre este testigo”.

Tras un cuarto intermedio, el Tribunal de Impugnaciones comunicó la decisión unánime de confirmar la decisión que había tomado Flores Leyes y rechazar el recurso de apelación. Sabaini Zapata mencionó que “faltó justificación” que avale la excepcionalidad ante la edad del ex gobernador.

En segundo lugar, los jueces se detuvieron en la apelación sobre la formulación de cargos y las medidas coercitivas impuestas a Ramírez. Rubio insistió en que la audiencia acusatoria fue “apresurada, tergiversada e improcedente”.

Tras repasar la historia del San Luis Fútbol Club (SLFC) expuso “incongruencias” en la cantidad de transferencias que fueron denunciadas por la fiscalía de Estado e “inconsistencias” que no les permiten saber de qué deben defenderse.

En relación a las acusaciones a Ramírez por la adquisición de un colectivo para el club que presidía por $290 millones resaltó que “nunca pasó el expediente por la secretaría de Deportes o el Ente Deportes”, que eran presididos por la ex funcionaria.

En este contexto, requirió que se revoque el procesamiento y se rechace la formulación de cargos. Sumó a eso cuestionamientos a las medidas cautelares porque “algunas son excesivas y carentes de sustento”.

Respecto a la prohibición de salir de San Luis, afirmó que “viola el derecho laboral” y mencionó trámites engorrosos para notificar a la Fiscalía cada vez que su defendida tenga que hacerlo por cuestiones de trabajo, lo que sucede todas las semanas.

Sobre la inhibición de bienes, la calificó como “excesiva” y aseguró que “busca obstaculizar una función pública” que actualmente Ramírez desempeña, es decir, la vicepresidencia del Federal A en AFA.

Tanto el fiscal de Instrucción como la querella se opusieron al recurso. El primero explicó que es improcedente y las determinaciones son por el riesgo procesal.

En la parte final, el Tribunal de Impugnaciones escuchó los argumentos de Calderón Salomón para volver a solicitar la prisión preventiva de la ex secretaria de Deportes.

Amparó el requerimiento en que la libertad puede generar entorpecimiento a la investigación y obstaculizar el proceso ante el peligro de fuga. Añadió que “se dan todos los requisitos” para la privación de la libertad para “asegurar el proceso”.

También hizo alusión a que Ramírez tiene posibilidad de acceder a un avión para trasladarse y a la solidez de la prueba reunida en “el grado de probabilidad. Y sumó que la acusada puede “influir en la declaración de testigos” que deben comparecer ante la Justicia.

Assat Alí no acompañó el planteo bajo la convicción de que los riesgos procesales “están neutralizados” y “no hay elementos objetivos para la prisión”.

“La libertad es la regla y la privación la excepción”, sostuvo Rubio al oponerse también a la preventiva.

Sabaini Zapata transmitió que ante la complejidad de los recursos, darán a conocer la decisión de forma escrita en los próximos días.